Sobre las ruinas humeantes de una ciudad
devastada, quienes habitamos en Quito experimentamos un sentimiento de
abandono, de orfandad. Como que somos moradores de una ciudad que nos es ajena,
o, al menos, esa es la sensación que nos provoca el pertenecer a un
conglomerado acéfalo.
La discusión política respecto a si estamos o
no de acuerdo con las medidas económicas del gobierno o si estamos o no de
acuerdo con la movilización social, es importante. Claro que lo es. Pero igual
de relevante es la postergación que como ciudadanos hemos sentido al ver que
nadie, ninguna autoridad local, salió en defensa del bienestar de casi tres
millones de personas que viven en Quito y que, de pronto, estuvieron en medio
del fuego cruzado entre dos actores testarudos, cuyo enfrentamiento se iba
tornando más violento y amenazó, incluso, la provisión de los servicios más
básicos como el acceso al agua potable.
Desamparados y a nuestra suerte, jamás se
planteó públicamente un plan de contingencia oficial para evitar el colapso de
la ciudad, una operación estratégica liderada desde la autoridad para preservar
la integridad de los ciudadanos y sus bienes, una movilización de recursos y
equipamiento público para resguardar el funcionamiento de áreas sensibles de
una urbe como el servicio de transporte público, el de recolección de basura, o
el de la coordinación de control territorial junto a la comunidad para
enfrentar, de alguna manera, la falta del resguardo de la Policía Nacional que
durante 12 días puso todo su contingente en reprimir a grupos determinados,
abandonando de esta forma su misión de proteger al resto.
En medio de todo el caos, ¿dónde estaba el
alcalde? Los primeros días no quiso asumir su responsabilidad de liderar una
posición oficial firme y pública de respeto a la libre movilidad de ciudadanos
que venían hacia acá, y, al mismo tiempo, una posición firme y pública de
advertir con claridad a esos mismos ciudadanos que no iba a permitir una
agresión a la ciudad cuya administración comanda, o la interrupción de las
actividades cotidianas de los ciudadanos que habitan aquí y a quienes él, más
que nadie, representa.
Como que desde la nefasta administración de Mauricio
Rodas, la figura del alcalde de Quito es la de una marioneta que busca desesperada
a una mano que le dé vida. Durante las protestas conservadoras de 2016, el
pusilánime alcalde de entonces salió a la calle a unirse a esa manifestación,
luego de varios días de vacilación, y cuando lo hizo su intervención fue tan
nefasta que a partir de allí, su declive político se selló para siempre. Al
igual que ahora, jamás asumió una posición oficial desde el inicio y fue una
víctima fácil de las presiones provenientes de otras ciudades y otros líderes
que entendieron cómo “manejar al muchacho”.
En esta ocasión, Jorge Yunda se encerró en su
mundo de cálculo político. Ese mismo cálculo que en 2017 lo llevó, entre gallos
y media noche, a cambiar de líder en el movimiento 35 y, posteriormente, a
convertirse en república independiente una vez que ya no necesitó a la base
política que lo llevó a ocupar una curul parlamentaria. Hoy, como alcalde, se
limitó a mirar cómo evolucionaban los hechos, a dar carta blanca a los unos
para que entren al tropel a Quito, y a callar convenientemente frente a los
otros para no ser presa de probables retaliaciones políticas. Yunda jugó a quedar
bien con los dos poderes enfrentados, pero a quedar mal, muy mal ante ese gran
actor que constituye la ciudadanía que fue la que, a la larga, lo puso en el
sillón que hoy calienta.
Asumir una posición institucional firme que
oriente el despliegue de un trabajo político, operativo y programático ante una
coyuntura específica, por más compleja que esta sea, es lo mínimo que se le
puede pedir a una autoridad elegida democráticamente, cuyo objetivo primigenio
es el de proteger la convivencia y el bienestar de la comunidad que lo eligió.
Yunda se olvidó de eso. Dejó hacer a todo el
mundo lo que le dio la gana, en una ciudad cuyos habitantes veíamos absortos cómo
la destrozaban en pedazos, tanto desde los movilizados que fragmentaron parte
del patrimonio urbano para usarlo como proyectil improvisado, como desde las
fuerzas nacionales del orden que convirtieron a las calles centenarias del
Centro Histórico en pistas para tanques de guerra.
