La
Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de todos ante la ley. Sin
embargo, en los hechos, es evidente que unos grupos reciben mayor atención que
otros y, lo que es más preocupante, las decisiones públicas cuyos efectos
impactan en todos, no se toman mientras no exista el “visto bueno” de esos
grupos particulares que muchas veces amenazan con acciones de fuerza si las
medidas no se diseñan de acuerdo a su gusto y acomodo.
Este es el
caso del gremio de taxis que existe en Quito. Para todos los ciudadanos es
conocido que desde hace varios años el municipio de la urbe no da un paso en
cuanto a temas de movilidad o transporte, sin antes contar con la aprobación de
la poderosa agrupación amarilla cuya carta de presentación es la capacidad de
colapsar la ciudad entera si a su dirigencia o asociados les da la gana.
Las
exhibiciones que han hecho de su poder son múltiples. De hecho, la caída del
expresidente Jamil Mahuad comenzó a configurarse de manera real cuando un 05 de
julio de 1999 los conductores de taxis decidieron no trabajar y bloquear Quito
durante varios días. Más recientemente, y aunque de forma desarticulada, han
hecho gala de violencia contra las operadoras Uber y Cabify, intentando
controlar mediante la fuerza a un mercado que pretenden mantenerlo cautivo
hasta las últimas consecuencias.
Durante la
administración de Augusto Barrera se intentó aplicar un plan de regularización
que, debido a la falta de control posterior, solo devino en un agravamiento del
problema del exceso de unidades dedicadas a esta actividad y un incremento del
desorden existente, con la multiplicación de asociaciones, organizaciones y
cooperativas que se dedican al transporte de pasajeros en unidades livianas.
Más tarde, Mauricio
Rodas usó al taxismo como una de sus palancas electoreras y transó con ese
gremio la concesión de dádivas de campaña a cambio de apoyo. Fue así que, una
vez que ganó la alcaldía, no tuvo empacho en aplicar un incremento en las
tarifas para taxis (algo que no se atrevió a hacer con las tarifas del
transporte en buses) a espaldas de la ciudadanía, sin que medie socialización
alguna y echándole la culpa de esa acción demagógica al gobierno de entonces,
argumentado un supuesto incremento de los insumos automotrices que habrían
obligaron el alza tarifaria. Todo fue falso. Simplemente tenía que pagar el
haberse hipotecado al gremio taxista antes de llegar al Palacio Municipal.
Ahora que
Jorge Yunda está al mando de la administración de la ciudad, y luego de que
decidiera endurecer la medida de “Pico y Placa” para transformarla en “Hoy No
Circula”, el anuncio inicial de la suspensión de circulación entre las 05:00 y
20:00 para todos los autos, incluidos taxis y motocicletas, sospechosamente se
fue modificando.
¿Qué pasó?
Pues que la presión del gremio del taxismo comenzó a hacerse presente, tal como
había sucedido con administraciones anteriores. El 6 de septiembre último sus
dirigentes amenazaron públicamente con paralizar la ciudad cuando comenzara la
aplicación de la medida, es decir el lunes 09 de septiembre, generando
agitación en redes sociales y ciudadanía.
Sin embargo,
la noche de ese mismo 6 de septiembre, la dirigencia inicialmente amenazante,
se tornó sorpresivamente comprensiva tras mantener una reunión con el alcalde.
¿Cuál fue el resultado? Pues que el municipio acordó con los taxistas hacer una
evaluación del impacto del Hoy No Circula el 30 de noviembre próximo, oferta
que el taxismo interpretó como la posibilidad de que acate con normalidad la
restricción hasta esa fecha y que desde el 1 de diciembre vuelva a trabajar sin
restricción alguna.
Como
ciudadanos nos preguntamos ¿qué corona tiene el taxismo para mantener una línea
de comunicación directa con el alcalde e influir en sus decisiones? ¿Por qué no
se procede igual con otros sectores que también resultan afectados con la
medida? El alcalde Yunda debe estar consciente de que, al establecer
excepciones, está emitiendo un mensaje tácito de que la ley no es para todos,
de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y, lo que es más
grave, que un grupo determinado, sea cual fuere, puede usar la amenaza del uso
de la fuerza como herramienta de extorsión a la autoridad para que lo exima de
cumplir sus responsabilidades, a diferencia de otros que sí deben someterse al
imperio de la ley.
¿Qué va a
pasar el 30 de noviembre próximo? ¿Yunda volverá a reunirse con los dirigentes
del taxismo para ver qué nueva concesión les hace? ¿O va a declarar de una vez
por todas que en esta ciudad manda el interés colectivo, pese a quien le pese?
Ya lo veremos.
