El gremio de taxistas: ¿un poder paralelo en Quito?

La Constitución del Ecuador garantiza la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, en los hechos, es evidente que unos grupos reciben mayor atención que otros y, lo que es más preocupante, las decisiones públicas cuyos efectos impactan en todos, no se toman mientras no exista el “visto bueno” de esos grupos particulares que muchas veces amenazan con acciones de fuerza si las medidas no se diseñan de acuerdo a su gusto y acomodo.

Este es el caso del gremio de taxis que existe en Quito. Para todos los ciudadanos es conocido que desde hace varios años el municipio de la urbe no da un paso en cuanto a temas de movilidad o transporte, sin antes contar con la aprobación de la poderosa agrupación amarilla cuya carta de presentación es la capacidad de colapsar la ciudad entera si a su dirigencia o asociados les da la gana.

Las exhibiciones que han hecho de su poder son múltiples. De hecho, la caída del expresidente Jamil Mahuad comenzó a configurarse de manera real cuando un 05 de julio de 1999 los conductores de taxis decidieron no trabajar y bloquear Quito durante varios días. Más recientemente, y aunque de forma desarticulada, han hecho gala de violencia contra las operadoras Uber y Cabify, intentando controlar mediante la fuerza a un mercado que pretenden mantenerlo cautivo hasta las últimas consecuencias.

Durante la administración de Augusto Barrera se intentó aplicar un plan de regularización que, debido a la falta de control posterior, solo devino en un agravamiento del problema del exceso de unidades dedicadas a esta actividad y un incremento del desorden existente, con la multiplicación de asociaciones, organizaciones y cooperativas que se dedican al transporte de pasajeros en unidades livianas.

Más tarde, Mauricio Rodas usó al taxismo como una de sus palancas electoreras y transó con ese gremio la concesión de dádivas de campaña a cambio de apoyo. Fue así que, una vez que ganó la alcaldía, no tuvo empacho en aplicar un incremento en las tarifas para taxis (algo que no se atrevió a hacer con las tarifas del transporte en buses) a espaldas de la ciudadanía, sin que medie socialización alguna y echándole la culpa de esa acción demagógica al gobierno de entonces, argumentado un supuesto incremento de los insumos automotrices que habrían obligaron el alza tarifaria. Todo fue falso. Simplemente tenía que pagar el haberse hipotecado al gremio taxista antes de llegar al Palacio Municipal.

Ahora que Jorge Yunda está al mando de la administración de la ciudad, y luego de que decidiera endurecer la medida de “Pico y Placa” para transformarla en “Hoy No Circula”, el anuncio inicial de la suspensión de circulación entre las 05:00 y 20:00 para todos los autos, incluidos taxis y motocicletas, sospechosamente se fue modificando.

¿Qué pasó? Pues que la presión del gremio del taxismo comenzó a hacerse presente, tal como había sucedido con administraciones anteriores. El 6 de septiembre último sus dirigentes amenazaron públicamente con paralizar la ciudad cuando comenzara la aplicación de la medida, es decir el lunes 09 de septiembre, generando agitación en redes sociales y ciudadanía.

Sin embargo, la noche de ese mismo 6 de septiembre, la dirigencia inicialmente amenazante, se tornó sorpresivamente comprensiva tras mantener una reunión con el alcalde. ¿Cuál fue el resultado? Pues que el municipio acordó con los taxistas hacer una evaluación del impacto del Hoy No Circula el 30 de noviembre próximo, oferta que el taxismo interpretó como la posibilidad de que acate con normalidad la restricción hasta esa fecha y que desde el 1 de diciembre vuelva a trabajar sin restricción alguna.

Como ciudadanos nos preguntamos ¿qué corona tiene el taxismo para mantener una línea de comunicación directa con el alcalde e influir en sus decisiones? ¿Por qué no se procede igual con otros sectores que también resultan afectados con la medida? El alcalde Yunda debe estar consciente de que, al establecer excepciones, está emitiendo un mensaje tácito de que la ley no es para todos, de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y, lo que es más grave, que un grupo determinado, sea cual fuere, puede usar la amenaza del uso de la fuerza como herramienta de extorsión a la autoridad para que lo exima de cumplir sus responsabilidades, a diferencia de otros que sí deben someterse al imperio de la ley.

¿Qué va a pasar el 30 de noviembre próximo? ¿Yunda volverá a reunirse con los dirigentes del taxismo para ver qué nueva concesión les hace? ¿O va a declarar de una vez por todas que en esta ciudad manda el interés colectivo, pese a quien le pese? Ya lo veremos.